david blanquer criado (19 resultados)

Rustica (tapa blanda). Condición: New. Estado de la sobrecubierta: Nuevo. 01. LIBRO.

Condición: New. Idioma/Language: Español. La literatura jurídica hasta ahora se ha ocupado del territorio de una forma fragmentaria. En esta obra, se intenta construir una teoría general del territorio como bien de Derecho público. Para ello, empieza por analizar su mismo concepto y elementos. Aborda después su consideración como elemento constitutivo del Estado y de otros entes territoriales, así como los principios que de ella se derivan: el principio de cohesión territorial y el de la territorialidad de las normas y las competencias, así como las excepciones y modulaciones que a este último le está causando la globalización jurídica. La segunda parte del libro se ocupa de la otra dimensión del territorio, la que lo considera como objeto de políticas públicas. Para ello, se constatan primero los problemas del desgobierno del territorio en España para proponer después su superación mediante una política cabal e integral de gobierno del territorio y se analiza a continuación la regulación de sus principales instrumentos, como son los planes de ordenación del territorio y los de protección de espacios naturales, de espacios históricos y de paisajes. Esta segunda edición no sólo ha adaptado los contenidos a la legislación actual, sino que también aprovecha para enriquecerlos con algún tratamiento adicional, como los relativos a los remedios jurídicos al despoblamiento rural, la gestión territorial de riesgos, el problema de los espacios transfronterizos o las bases legales de la protección del medio rural. *** Nota: Los envíos a España peninsular, Baleares y Canarias se realizan a través de mensajería urgente. No aceptamos pedidos con destino a Ceuta y Melilla.

Condición: Nuevo. En este volumen se reflexiona sobre el régimen jurídico de las medidas administrativas que se pueden imponer para preservar la salud pública. También se estudia la regulación y garantía de los derechos y libertades constitucionales en situaciones de emergencia (tanto en España como en Francia); se analiza igualmente la privacidad de la ciudadanía y la protección de datos, o la transparencia informativa de las autoridades competentes. En un libro de Derecho público no puede faltar algún estudio sobre las potestades exorbitantes de la Administración; aquí se presta atención al ejercicio de la potestad reglamentaria y la potestad sancionadora durante el estado de alarma. Además se presta atención a la intensa actividad contractual de los sujetos del sector público, las cuestiones procesales que suscita el control judicial de la actuación gubernamental y administrativa, o la respuesta de nuestro ordenamiento a los múltiples e importantes daños sufridos con ocasión de la crisis sanitaria, o por las medidas gubernamentales impuestas durante el estado de alarma.

TAPA BLANDA. Condición: New.

TAPA BLANDA. Condición: New.

Madrid, editorial Tecnos, 1994, 18x11 cm, 308 págs.

Condición: New. Idioma/Language: Español. La Directiva 2006/123/CE introduce un cambio de paradigma, sobre la fórmula normal de control burocrático de las actividades económicas que se desarrollan en el mercado competitivo de la Unión Europea. La Directiva sustituye el control previo que tradicionalmente se instrumentaba mediante las autorizaciones administrativas, por otra clase de título habilitante que se considera proporcionado y suficiente, como son las comunicaciones que presentan los interesados. La tendencia general impulsada por la Directiva es pasar al control realizado después de iniciarse la actividad económica, mediante la inspección burocrática de las actividades previamente comunicadas. *** Nota: Los envíos a España peninsular, Baleares y Canarias se realizan a través de mensajería urgente. No aceptamos pedidos con destino a Ceuta y Melilla.

Condición: Nuevo. Índice de la teoría Capítulo 1 EL OBJETO Y EL MÉTODO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO: LA UNIDAD O DIVERSIDAD DE CRITERIOS I. EL OBJETO 37 II. EL MÉTODO JURÍDICO 38 A) Introducción 38 B) Las ciencias de la Administración y el Derecho Administrativo 39 C) La Administración pública, el Derecho Civil y el Derecho Administrativo 41 D) El Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional 44 III. LA DIFERENCIA ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIONES PRIVADAS 46 IV. EL SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, Y A DIFERENTES ÓRDENES JURISDICCIONALES 50 V. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO FUNCIÓN O COMO SUJETO 52 A) La delimitación del ámbito objetivo de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa: la búsqueda de un criterio único y universal 52 B) La consolidación de la perspectiva subjetiva 55 C) Algunas fisuras de la concepción subjetiva o teoría estatutaria 58 VI. LA UNIDAD O DIVERSIDAD DE CRITERIOS PARA IDENTIFICAR AL DERECHO ADMINISTRATIVO 63 A) El criterio único que cumple una función procesal para identificar el ámbito de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa 63 B) La necesidad de renunciar a un criterio único y universal 64 C) La búsqueda de un complejo de criterios históricamente adecuado a un Estado social y democrático de Derecho 66 Capítulo 2 LOS SUJETOS: LOS CIUDADANOS Y LOS INTERESADOS I. EL CIUDADANO Y SU ESTATUTO JURÍDICO 71 A) Introducción 71 B) Los ciudadanos y los interesados 72 C) Los principios básicos del estatuto del ciudadano 73 D) Los derechos y obligaciones de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas 78 E) La participación de los ciudadanos en la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas 82 F) El derecho del ciudadano a una buena administración; especial consideración de la lengua y las comunicaciones con la Administración 89 G) Algo sobre la transparencia y el acceso del ciudadano a la información pública 94 II. EL INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 102 A) El concepto de interesado 102 B) Algo más sobre la titularidad de derechos subjetivos o intereses legítimos 103 C) El interesado necesario y el interesado eventual 108 D) Las organizaciones representativas de intereses individuales, colectivos y difusos 110 E) La capacidad de los interesados 116 F) La representación de los interesados 119 G) Los derechos de los interesados y las exigencias que se imponen a una buena administración 122 H) Los actos de los interesados. La participación funcional del interesado en el procedimiento administrativo 123 Capítulo 3 LOS SUJETOS: LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS I. LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LOS ÓRGANOS 141 A) La persona jurídica, el órgano administrativo y la persona física titular del órgano 141 B) Las clases de órganos administrativos 147 C) La competencia de los órganos administrativos 150 II. LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 152 A) Introducción 152 B) Administraciones territoriales y no territoriales 153 C) Administración Corporativa y Administración Institucional 154 D) Personificaciones de Derecho Público y de Derecho Privado 156 E) Recapitulación 158 III. LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 159 A) La Administración estatal 159 B) Las Administraciones autonómicas 168 C) Las Administraciones provinciales 169 D) Las Administraciones insulares 172 E) Las Administraciones municipales 173 IV. LAS ADMINISTRACIONES INSTITUCIONALES 186 A) Introducción 186 B) Las Administraciones independientes 188 C) Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales 190 D) La Administración institucional atípica 192 E) Las fundaciones del sector público 193 F) Las sociedades mercantiles de capital íntegramente público 196 V. LAS ADMINISTRACIONES CORPORATIVAS 201 A) Introducción: distintas formas de colaboración pública y privada 201 B) La atribución legislativa de algunas funciones públicas y potestades administrativas 204 C) El carácter monopolista de la corporación pública 205 D) Los rasgos imperativos: la existencia necesaria de la corporación, y la obligatoria incorporación de los miembros 206 E) Las corporaciones voluntarias y las forzosas 206 F) La naturaleza bifronte o híbrida de las corporaciones de base privada 209 G) Los colegios profesionales 210 H) Algo sobre las federaciones deportivas 215 Capítulo 4 ¿PARA QUÉ ADMINISTRA?: LOS FINES DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA I. EL FIN COMO ELEMENTO CONFIGURADOR DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 229 II. ALGO SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL INTERÉS GENERAL 230 A) El interés general en el «Estado liberal» y burgués 231 B) El interés general en el «Estado social» de Derecho 232 C) El interés general en el «Estado regulador» del mercado para garantizar la competencia 233 III. LA RELEVANCIA JURÍDICA DEL INTERÉS GENERAL 236 A) La capital relevancia del interés general en el Derecho Administrativo; su dimensión constitucional 236 B) La objetividad al servicio del interés general 237 C) La distribución territorial de competencias y el interés general 239 D) El interés general y la desviación de poder 239 E) El interés general y los derechos y libertades de los ciudadanos 240 IV. LA IDENTIFICACIÓN DEL INTERÉS GENERAL Y SU CONTROL JUDICIAL 241 A) La identificación del interés general 241 B) El control judicial de la identificación del interés general 243 C) El interés general como concepto jurídico indeterminado susceptible de control judicial 244 V. EL INTERÉS GENERAL COMO CRITERIO DELIMITADOR DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 247 A) Introducción 247 B) La Administración Pública también persigue el interés general cuando está sujeta al Derecho Privado 249 C) La Administración Pública no monopoliza la satisfacción del interés general 250 VI. RECAPITULACIÓN 252 Capítulo 5 ¿CÓMO ADMINISTRA?: LOS MEDIOS PARA SATISFACER AL INTERÉS GENERAL I. LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y FORMALES 257 A) Introducción: el Derecho de los sujetos poderosos 257 B) Los medios personales o.

Condición: Bien. Gracias, su compra ayuda a financiar programas para combatir el analfabetismo.

Condición: New. Idioma/Language: Español. La Directiva 2006/123/CE introduce un cambio de paradigma, sobre la fórmula normal de control burocrático de las actividades económicas que se desarrollan en el mercado competitivo de la Unión Europea. La Directiva sustituye el control previo que tradicionalmente se instrumentaba mediante las autorizaciones administrativas, por otra clase de título habilitante que se considera proporcionado y suficiente, como son las comunicaciones que presentan los interesados. La tendencia general impulsada por la Directiva es pasar al control realizado después de iniciarse la actividad económica, mediante la inspección burocrática de las actividades previamente comunicadas. Una vez ya entrada en vigor la Directiva 2006/123/CE, la protección de los intereses generales afectados por las comunicaciones habilitantes requiere el más diligente e intenso ejercicio por la Administración de las funciones de comprobación e inspección. Para ello es necesario tanto planificarlas y programarlas adecuadamente, como dotarse de los recursos humanos especializados en el desarrollo de esas tareas de control, y los medios materiales que sean precisos. Además de estudiar las peculiaridades jurídicas del inicio, desarrollo y terminación de las actuaciones de inspección, interesa analizar alguno de sus actos, como los requerimientos informativos, y sobre todo el uso como medio de prueba del atestado que firma el funcionario que realiza el control. También se analiza la tendencia a externalizar o privatizar algunas funciones de inspección que requieren especiales conocimientos técnicos o científicos, y se examina el estatuto jurídico de las entidades que colaboran con la Administración en el ejercicio de tareas de verificación y certificación. *** Nota: Los envíos a España peninsular, Baleares y Canarias se realizan a través de mensajería urgente. No aceptamos pedidos con destino a Ceuta y Melilla. Guaflex.

Condición: Nuevo. La Directiva 2006/123/CE introduce un cambio de paradigma, sobre la fórmula normal de control burocrático de las actividades económicas que se desarrollan en el mercado competitivo de la Unión Europea. La Directiva sustituye el control previo que tradicionalmente se instrumentaba mediante las autorizaciones administrativas, por otra clase de título habilitante que se considera proporcionado y suficiente, como son las comunicaciones que presentan los interesados. La tendencia general impulsada por la Directiva es pasar al control realizado después de iniciarse la actividad económica, mediante la inspección burocrática de las actividades previamente comunicadas. Una vez ya entrada en vigor la Directiva 2006/123/CE, la protección de los intereses generales afectados por las comunicaciones habilitantes requiere el más diligente e intenso ejercicio por la Administración de las funciones de comprobación e inspección. Para ello es necesario tanto planificarlas y programarlas adecuadamente, como dotarse de los recursos humanos especializados en el desarrollo de esas tareas de control, y los medios materiales que sean precisos. Además de estudiar las peculiaridades jurídicas del inicio, desarrollo y terminación de las actuaciones de inspección, interesa analizar alguno de sus actos, como los requerimientos informativos, y sobre todo el uso como medio de prueba del atestado que firma el funcionario que realiza el control. También se analiza la tendencia a externalizar o privatizar algunas funciones de inspección que requieren especiales conocimientos técnicos o científicos, y se examina el estatuto jurídico de las entidades que colaboran con la Administración en el ejercicio de tareas de verificación y certificación.

Condición: Nuevo. Los poderes públicos y los daños por la crisis de la COVID-19. La crisis o hecatombe sanitaria motivada por el coronavirus. ha causado múltiples y diversos daños en el conjunto de la población española, europea y mundial. Aunque no siempre, algunos de esos daños pueden generar un pago con cargo a la hacienda pública y a título de responsabilidad patrimonial de la Administración. Ahora bien, no todos los pagos, ayudas, compensaciones o indemnizaciones que satisfagan las Administraciones por razón de la crisis de la enfermedad COVID-19 se realizarán siempre a título de responsabilidad patrimonial. Una vez realizado ese deslinde conceptual y funcional (capítulos 2 y 3), y después de estudiada la reparación de los daños sufridos por el personal sanitario y otros empleados públicos (capítulo 4), en este libro se analizan los valores jurídicos protegidos por la responsabilidad patrimonial y las funciones de esa institución (capítulo 5), la delimitación del concepto de daño indemnizable (capítulo 6), la relación de causalidad sobre todo cuando no puede haber certidumbre sobre ella (capítulo 7), las cuestiones que inciden en la imputación subjetiva y la acción de regreso contra los auténticos responsables (capítulo 8), la problemática de los títulos de imputación objetiva con especial atención a la mala gestión de los riesgos sanitarios (capítulo 9), el procedimiento administrativo a seguir y las cuestiones probatorias que se suscitan (capítulo 10), y finalmente, los criterios que se aplican para cuantificar la indemnización o resarcimiento (capítulo 11).

Condición: Nuevo. En este volumen se describe y analiza el inicio del procedimiento administrativo. El primero de sus 6 capítulos se refiere a las actuaciones inquisitivas que se pueden realizar antes de abrir el expediente. Después de desplegar el abanico de las distintas maneras de iniciar el procedimiento (y las variadas consecuencias jurídicas que producen), la atención se focaliza sobre todo en la incoación del expediente de oficio (en especial a raíz de una denuncia), y el arranque a instancia de parte interesada. También se presta atención a la acción pública y otras formas de inicio del procedimiento a instancia de parte no interesada. El libro se cierra con una exposición de las medidas cautelares que se pueden adoptar o imponer para garantizar el efecto útil de la resolución que se dicte al final de la tramitación del procedimiento.

Condición: Nuevo. Si los gobernantes adoptaran siempre decisiones razonables y bien argumentadas, sería bastante probable que los ciudadanos les obedecieran con más frecuencia de manera espontánea y convencida. No ocurriría lo mismo si con talante autoritario, los poderosos se limitaran a imponer su desnuda voluntad sin justificación alguna. A la vista de esas premisas hipotéticas, surgen de inmediato algunos interrogantes: ¿cuál es el régimen jurídico español de la motivación de los actos administrativos?; ¿cuáles son los actos administrativos que es obligatorio justificar?; ¿qué cuestiones deben ser justificadas?; ¿cómo debe ser esa justificación?; ¿siempre basta con que sea cuantitativamente suficiente y cualitativamente adecuada?; ¿quién debe justificar al acto administrativo?; ¿sólo el mismo órgano que es autor del acto?; ¿pueden los tribunales suplantar o sustituir a la Administración a la hora de justificar al acto?; ¿cuándo o en qué momento debe expresarse la justificación?; ¿sólo al dictar el acto que después se notifica al interesado?; ¿qué consecuencias jurídicas produce el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la obligación de justificar un acto administrativo?

Condición: Nuevo. Cuando se trata de estudiar las prestaciones básicas para satisfacer las necesidades vitales de la ciudadanía, hoy en día las publicaciones académicas de mayor actualidad se centran en el análisis de los «servicios de interés económico general» (SIEG); lo que actualmente está en boga es estudiar las modernas obligaciones de servicio público (OSP), o las vanguardistas fórmulas institucionales o contractuales de colaboración público-privada (CPP). Desde esa perspectiva, la concesión administrativa de servicio público ya no está de moda; es una figura que ahora no es "fashion". Salvo que se quiera estar desfasado y nadar a contracorriente, está "demodé" dedicarse al estudio de ese tipo de concesión de servicios públicos. Ahora bien, siempre hay algunos adeptos del "vintage", que gustan de los viejos productos de calidad, piezas magníficas que siguen siendo de extraordinaria utilidad práctica. Pues bien, aunque la figura de la concesión de servicios públicos ya no camine por la pasarela de la moda en un lugar estelar, sigue siendo una institución fundamental en el Derecho Administrativo español de comienzos del siglo XXI, que conserva gran relevancia económica en el ámbito municipal.

Condición: Usado- bueno.

Condición: Usado- bueno.

Condición: Usado- bueno.

Condición: Usado- bueno.