david blanquer criado (22 resultados)

Condición: Como nuevo. : Este libro es una guía práctica de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público. Incluye el texto de la Ley 30/2007 y la Directiva 2004/18, facilitando una primera aproximación a la legislación. No pretende ser un análisis profundo, sino una exposición clara del contenido básico y las novedades más importantes, dirigida a profesionales del derecho y a quienes trabajen en administración pública o en empresas relacionadas con la contratación pública. Incluye un índice analítico de la ley. EAN: 9788484567738 Tipo: Libros Categoría: Derecho Título: La Nueva Ley de Contratos del Sector Público Autor: David Blanquer Criado Editorial: Editorial Tirant lo Blanch Idioma: es-ES Páginas: 615 Formato: tapa blanda.

Condición: Muy bueno. : Este libro recoge las ponencias presentadas en el IV Congreso de Turismo Universidad y Empresa, centrado en la diversificación y desestacionalización del sector turístico. Los temas tratados incluyen la diversificación espacial y temporal, el turismo de golf, el turismo náutico, los espacios de ocio y parques temáticos, el turismo cultural y el turismo de naturaleza. Se analizan aspectos como la evolución del golf en España, el turismo de recreo náutico en la Comunidad Valenciana, la protección del Camino de Santiago y el uso turístico de las vías pecuarias. También se abordan temas como la fiscalidad de las nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico y el programa de termalismo social del IMSERSO. EAN: 9788484424567 Tipo: Libros Categoría: Negocios y Economía Título: IV Congreso de Turismo Universidad y Empresa Autor: David Blanquer Criado| Enrique Bigné Editorial: Editorial Tirant lo Blanch Idioma: es-ES Páginas: 759 Formato: tapa blanda.

Rustica (tapa blanda). Condición: New. Estado de la sobrecubierta: Nuevo. 01. LIBRO.

Condición: New. Idioma/Language: Español. La literatura jurídica hasta ahora se ha ocupado del territorio de una forma fragmentaria. En esta obra, se intenta construir una teoría general del territorio como bien de Derecho público. Para ello, empieza por analizar su mismo concepto y elementos. Aborda después su consideración como elemento constitutivo del Estado y de otros entes territoriales, así como los principios que de ella se derivan: el principio de cohesión territorial y el de la territorialidad de las normas y las competencias, así como las excepciones y modulaciones que a este último le está causando la globalización jurídica. La segunda parte del libro se ocupa de la otra dimensión del territorio, la que lo considera como objeto de políticas públicas. Para ello, se constatan primero los problemas del desgobierno del territorio en España para proponer después su superación mediante una política cabal e integral de gobierno del territorio y se analiza a continuación la regulación de sus principales instrumentos, como son los planes de ordenación del territorio y los de protección de espacios naturales, de espacios históricos y de paisajes. Esta segunda edición no sólo ha adaptado los contenidos a la legislación actual, sino que también aprovecha para enriquecerlos con algún tratamiento adicional, como los relativos a los remedios jurídicos al despoblamiento rural, la gestión territorial de riesgos, el problema de los espacios transfronterizos o las bases legales de la protección del medio rural. *** Nota: Los envíos a España peninsular, Baleares y Canarias se realizan a través de mensajería urgente. No aceptamos pedidos con destino a Ceuta y Melilla.

Condición: New. Idioma/Language: Español. La capacidad de obrar de los menores como nuevos sujetos activos de derechos y libertades constituye uno de los conflictos más difíciles a los que debe enfrentarse el operador jurídico, sobre todo, cuando tales conflictos surgen en el ámbito del tratamiento médico, donde los valores e intereses a proteger son especialmente trascendentes. La dificultad radica, esencialmente, en el carácter progresivo de la capacidad del menor y, en muchas ocasiones, no absolutamente homogéneo de unos menores a otros. El debate científico y jurídico sobre optar por un criterio objetivo (edad) o subjetivo (madurez) no está cerrado aún, pese a que viene planteándose desde hace ya varias décadas. Además, en la resolución de tales conflictos surgen diferentes dudas y problemas, no sólo derivados de la complejidad de operar con principios jurídicos algo difusos como es el del interés superior del menor, o por el papel que en la toma de decisiones debe otorgarse a los padres, sino, sobre todo, por las nuevas evidencias científicas que surgen al amparo del avance de los estudios de imagen del cerebro, a través, entre otras, de la neurología de la conducta que ponen en duda el paradigma ofrecido por la psicología evolutiva con el que hemos venido operando tradicionalmente en el campo jurídico. En definitiva, esta obra pretende abordar de una manera completa, sistemática, práctica y, sobre todo, actualizada la capacidad de obrar de los menores en el ámbito del tratamiento médico. Se trata de un trabajo que puede ser de interés y utilidad no sólo para juristas sino también para aquellos que trabajan con menores en el ámbito sanitario o campos similares o que tengan interés en aproximarse a la capacidad de obrar del menor desde ramas del conocimiento no estrictamente jurídicas. *** Nota: Los envíos a España peninsular, Baleares y Canarias se realizan a través de mensajería urgente. No aceptamos pedidos con destino a Ceuta y Melilla. Rústica.

Condición: Nuevo. En este volumen se reflexiona sobre el régimen jurídico de las medidas administrativas que se pueden imponer para preservar la salud pública.También se estudia la regulación y garantía de los derechos y libertades constitucionales en situaciones de emergencia (tanto en España como en Francia); se analiza igualmente la privacidad de la ciudadanía y la protección de datos, o la transparencia informativa de las autoridades competentes. En un libro de Derecho público no puede faltar algún estudio sobre las potestades exorbitantes de la Administración; aquí se presta atención al ejercicio de la potestad reglamentaria y la potestad sancionadora durante el estado de alarma. Además se presta atención a la intensa actividad contractual de los sujetos del sector público, las cuestiones procesales que suscita el control judicial de la actuación gubernamental y administrativa, o la respuesta de nuestro ordenamiento a los múltiples e importantes daños sufridos con ocasión de la crisis sanitaria, o por las medidas gubernamentales impuestas durante el estado de alarma.

TAPA BLANDA. Condición: New.

TAPA BLANDA. Condición: New.

Madrid, editorial Tecnos, 1994, 18x11 cm, 308 págs.

Condición: New. Idioma/Language: Español. La Directiva 2006/123/CE introduce un cambio de paradigma, sobre la fórmula normal de control burocrático de las actividades económicas que se desarrollan en el mercado competitivo de la Unión Europea. La Directiva sustituye el control previo que tradicionalmente se instrumentaba mediante las autorizaciones administrativas, por otra clase de título habilitante que se considera proporcionado y suficiente, como son las comunicaciones que presentan los interesados. La tendencia general impulsada por la Directiva es pasar al control realizado después de iniciarse la actividad económica, mediante la inspección burocrática de las actividades previamente comunicadas. *** Nota: Los envíos a España peninsular, Baleares y Canarias se realizan a través de mensajería urgente. No aceptamos pedidos con destino a Ceuta y Melilla.

Condición: Bien. Gracias, su compra ayuda a financiar programas para combatir el analfabetismo.

Condición: Nuevo. Índice de la teoríaCapítulo 1EL OBJETO Y EL MÉTODODEL DERECHO ADMINISTRATIVO:LA UNIDAD O DIVERSIDAD DE CRITERIOS I. EL OBJETO 37 II. EL MÉTODO JURÍDICO 38A) Introducción 38B) Las ciencias de la Administración y el Derecho Administrativo 39C) La Administración pública, el Derecho Civil y el Derecho Administrativo 41D) El Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional 44 III. LA DIFERENCIA ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIONES PRIVADAS 46 IV. EL SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, Y A DIFERENTES ÓRDENES JURISDICCIONALES 50 V. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO FUNCIÓN O COMO SUJETO 52A) La delimitación del ámbito objetivo de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa: la búsqueda de un criterio único y universal 52B) La consolidación de la perspectiva subjetiva 55C) Algunas fisuras de la concepción subjetiva o teoría estatutaria 58 VI. LA UNIDAD O DIVERSIDAD DE CRITERIOS PARA IDENTIFICAR AL DERECHO ADMINISTRATIVO 63A) El criterio único que cumple una función procesal para identificar el ámbito de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa 63B) La necesidad de renunciar a un criterio único y universal 64C) La búsqueda de un complejo de criterios históricamente adecuado a un Estado social y democrático de Derecho 66Capítulo 2LOS SUJETOS:LOS CIUDADANOS Y LOS INTERESADOS I. EL CIUDADANO Y SU ESTATUTO JURÍDICO 71A) Introducción 71B) Los ciudadanos y los interesados 72C) Los principios básicos del estatuto del ciudadano 73D) Los derechos y obligaciones de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas 78E) La participación de los ciudadanos en la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas 82F) El derecho del ciudadano a una buena administración; especial consideración de la lengua y las comunicaciones con la Administración 89G) Algo sobre la transparencia y el acceso del ciudadano a la información pública 94 II. EL INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 102A) El concepto de interesado 102B) Algo más sobre la titularidad de derechos subjetivos o intereses legítimos 103C) El interesado necesario y el interesado eventual 108D) Las organizaciones representativas de intereses individuales, colectivos y difusos 110E) La capacidad de los interesados 116F) La representación de los interesados 119G) Los derechos de los interesados y las exigencias que se imponen a una buena administración 122H) Los actos de los interesados. La participación funcional del interesado en el procedimiento administrativo 123Capítulo 3LOS SUJETOS: LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS I. LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LOS ÓRGANOS 141A) La persona jurídica, el órgano administrativo y la persona física titular del órgano 141B) Las clases de órganos administrativos 147C) La competencia de los órganos administrativos 150 II. LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 152A) Introducción 152B) Administraciones territoriales y no territoriales 153C) Administración Corporativa y Administración Institucional 154D) Personificaciones de Derecho Público y de Derecho Privado 156E) Recapitulación 158 III. LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 159A) La Administración estatal 159B) Las Administraciones autonómicas 168C) Las Administraciones provinciales 169D) Las Administraciones insulares 172E) Las Administraciones municipales 173 IV. LAS ADMINISTRACIONES INSTITUCIONALES 186A) Introducción 186B) Las Administraciones independientes 188C) Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales 190D) La Administración institucional atípica 192E) Las fundaciones del sector público 193F) Las sociedades mercantiles de capital íntegramente público 196 V. LAS ADMINISTRACIONES CORPORATIVAS 201A) Introducción: distintas formas de colaboración pública y privada 201B) La atribución legislativa de algunas funciones públicas y potestades administrativas 204C) El carácter monopolista de la corporación pública 205D) Los rasgos imperativos: la existencia necesaria de la corporación, y la obligatoria incorporación de los miembros 206E) Las corporaciones voluntarias y las forzosas 206F) La naturaleza bifronte o híbrida de las corporaciones de base privada 209G) Los colegios profesionales 210H) Algo sobre las federaciones deportivas 215Capítulo 4¿PARA QUÉ ADMINISTRA?: LOS FINES DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA I. EL FIN COMO ELEMENTO CONFIGURADOR DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 229 II. ALGO SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL INTERÉS GENERAL 230A) El interés general en el «Estado liberal» y burgués 231B) El interés general en el «Estado social» de Derecho 232C) El interés general en el «Estado regulador» del mercado para garantizar la competencia 233 III. LA RELEVANCIA JURÍDICA DEL INTERÉS GENERAL 236A) La capital relevancia del interés general en el Derecho Administrativo; su dimensión constitucional 236B) La objetividad al servicio del interés general 237C) La distribución territorial de competencias y el interés general 239D) El interés general y la desviación de poder 239E) El interés general y los derechos y libertades de los ciudadanos 240 IV. LA IDENTIFICACIÓN DEL INTERÉS GENERAL Y SU CONTROL JUDICIAL 241A) La identificación del interés general 241B) El control judicial de la identificación del interés general 243C) El interés general como concepto jurídico indeterminado susceptible de control judicial 244 V. EL INTERÉS GENERAL COMO CRITERIO DELIMITADOR DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 247A) Introducción 247B) La Administración Pública también persigue el interés general cuando está sujeta al Derecho Privado 249C) La Administración Pública no monopoliza la satisfacción del interés general 250 VI. RECAPITULACIÓN 252Capítulo 5¿CÓMO ADMINISTRA?: LOS MEDIOS PARA SATISFACERAL INTERÉS GENERAL I. LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y FORMALES 257A) Introducción: el Derecho de los sujetos poderosos 257B) Los medios personales o recursos humanos 259C) Los medios materiales y los recursos financieros 262D) Los.

Condición: New. Idioma/Language: Español. La Directiva 2006/123/CE introduce un cambio de paradigma, sobre la fórmula normal de control burocrático de las actividades económicas que se desarrollan en el mercado competitivo de la Unión Europea. La Directiva sustituye el control previo que tradicionalmente se instrumentaba mediante las autorizaciones administrativas, por otra clase de título habilitante que se considera proporcionado y suficiente, como son las comunicaciones que presentan los interesados. La tendencia general impulsada por la Directiva es pasar al control realizado después de iniciarse la actividad económica, mediante la inspección burocrática de las actividades previamente comunicadas. Una vez ya entrada en vigor la Directiva 2006/123/CE, la protección de los intereses generales afectados por las comunicaciones habilitantes requiere el más diligente e intenso ejercicio por la Administración de las funciones de comprobación e inspección. Para ello es necesario tanto planificarlas y programarlas adecuadamente, como dotarse de los recursos humanos especializados en el desarrollo de esas tareas de control, y los medios materiales que sean precisos. Además de estudiar las peculiaridades jurídicas del inicio, desarrollo y terminación de las actuaciones de inspección, interesa analizar alguno de sus actos, como los requerimientos informativos, y sobre todo el uso como medio de prueba del atestado que firma el funcionario que realiza el control. También se analiza la tendencia a externalizar o privatizar algunas funciones de inspección que requieren especiales conocimientos técnicos o científicos, y se examina el estatuto jurídico de las entidades que colaboran con la Administración en el ejercicio de tareas de verificación y certificación. *** Nota: Los envíos a España peninsular, Baleares y Canarias se realizan a través de mensajería urgente. No aceptamos pedidos con destino a Ceuta y Melilla. Guaflex.

Condición: Nuevo. La Directiva 2006/123/CE introduce un cambio de paradigma, sobre la fórmula normal de control burocrático de las actividades económicas que se desarrollan en el mercado competitivo de la Unión Europea. La Directiva sustituye el control previo que tradicionalmente se instrumentaba mediante las autorizaciones administrativas, por otra clase de título habilitante que se considera proporcionado y suficiente, como son las comunicaciones que presentan los interesados. La tendencia general impulsada por la Directiva es pasar al control realizado después de iniciarse la actividad económica, mediante la inspección burocrática de las actividades previamente comunicadas. Una vez ya entrada en vigor la Directiva 2006/123/CE, la protección de los intereses generales afectados por las comunicaciones habilitantes requiere el más diligente e intenso ejercicio por la Administración de las funciones de comprobación e inspección. Para ello es necesario tanto planificarlas y programarlas adecuadamente, como dotarse de los recursos humanos especializados en el desarrollo de esas tareas de control, y los medios materiales que sean precisos. Además de estudiar las peculiaridades jurídicas del inicio, desarrollo y terminación de las actuaciones de inspección, interesa analizar alguno de sus actos, como los requerimientos informativos, y sobre todo el uso como medio de prueba del atestado que firma el funcionario que realiza el control. También se analiza la tendencia a externalizar o privatizar algunas funciones de inspección que requieren especiales conocimientos técnicos o científicos, y se examina el estatuto jurídico de las entidades que colaboran con la Administración en el ejercicio de tareas de verificación y certificación.

Condición: Nuevo. Los poderes públicos y los daños por la crisis de la COVID-19.La crisis o hecatombe sanitaria motivada por el coronavirus. ha causado múltiples y diversos daños en el conjunto de la población española, europea y mundial. Aunque no siempre, algunos de esos daños pueden generar un pago con cargo a la hacienda pública y a título de responsabilidad patrimonial de la Administración. Ahora bien, no todos los pagos, ayudas, compensaciones o indemnizaciones que satisfagan las Administraciones por razón de la crisis de la enfermedad COVID-19 se realizarán siempre a título de responsabilidad patrimonial.Una vez realizado ese deslinde conceptual y funcional (capítulos 2 y 3), y después de estudiada la reparación de los daños sufridos por el personal sanitario y otros empleados públicos (capítulo 4), en este libro se analizan los valores jurídicos protegidos por la responsabilidad patrimonial y las funciones de esa institución (capítulo 5), la delimitación del concepto de daño indemnizable (capítulo 6), la relación de causalidad sobre todo cuando no puede haber certidumbre sobre ella (capítulo 7), las cuestiones que inciden en la imputación subjetiva y la acción de regreso contra los auténticos responsables (capítulo 8), la problemática de los títulos de imputación objetiva con especial atención a la mala gestión de los riesgos sanitarios (capítulo 9), el procedimiento administrativo a seguir y las cuestiones probatorias que se suscitan (capítulo 10), y finalmente, los criterios que se aplican para cuantificar la indemnización o resarcimiento (capítulo 11).

Condición: Nuevo. En este volumen se describe y analiza el inicio del procedimiento administrativo. El primero de sus 6 capítulos se refiere a las actuaciones inquisitivas que se pueden realizar antes de abrir el expediente. Después de desplegar el abanico de las distintas maneras de iniciar el procedimiento (y las variadas consecuencias jurídicas que producen), la atención se focaliza sobre todo en la incoación del expediente de oficio (en especial a raíz de una denuncia), y el arranque a instancia de parte interesada. También se presta atención a la acción pública y otras formas de inicio del procedimiento a instancia de parte no interesada. El libro se cierra con una exposición de las medidas cautelares que se pueden adoptar o imponer para garantizar el efecto útil de la resolución que se dicte al final de la tramitación del procedimiento.

Condición: Nuevo. Si los gobernantes adoptaran siempre decisiones razonables y bien argumentadas, sería bastante probable que los ciudadanos les obedecieran con más frecuencia de manera espontánea y convencida. No ocurriría lo mismo si con talante autoritario, los poderosos se limitaran a imponer su desnuda voluntad sin justificación alguna. A la vista de esas premisas hipotéticas, surgen de inmediato algunos interrogantes: ¿cuál es el régimen jurídico español de la motivación de los actos administrativos?; ¿cuáles son los actos administrativos que es obligatorio justificar?; ¿qué cuestiones deben ser justificadas?; ¿cómo debe ser esa justificación?; ¿siempre basta con que sea cuantitativamente suficiente y cualitativamente adecuada?; ¿quién debe justificar al acto administrativo?; ¿sólo el mismo órgano que es autor del acto?; ¿pueden los tribunales suplantar o sustituir a la Administración a la hora de justificar al acto?; ¿cuándo o en qué momento debe expresarse la justificación?; ¿sólo al dictar el acto que después se notifica al interesado?; ¿qué consecuencias jurídicas produce el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la obligación de justificar un acto administrativo?

Condición: Nuevo. Cuando se trata de estudiar las prestaciones básicas para satisfacer las necesidades vitales de la ciudadanía, hoy en día las publicaciones académicas de mayor actualidad se centran en el análisis de los «servicios de interés económico general» (SIEG); lo que actualmente está en boga es estudiar las modernas obligaciones de servicio público (OSP), o las vanguardistas fórmulas institucionales o contractuales de colaboración público-privada (CPP). Desde esa perspectiva, la concesión administrativa de servicio público ya no está de moda; es una figura que ahora no es "fashion". Salvo que se quiera estar desfasado y nadar a contracorriente, está "demodé" dedicarse al estudio de ese tipo de concesión de servicios públicos. Ahora bien, siempre hay algunos adeptos del "vintage", que gustan de los viejos productos de calidad, piezas magníficas que siguen siendo de extraordinaria utilidad práctica. Pues bien, aunque la figura de la concesión de servicios públicos ya no camine por la pasarela de la moda en un lugar estelar, sigue siendo una institución fundamental en el Derecho Administrativo español de comienzos del siglo XXI, que conserva gran relevancia económica en el ámbito municipal.

Condición: Usado- bueno.

Condición: Usado- bueno.

Condición: Usado- bueno.

Condición: Usado- bueno.