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  • Iglesias Sevillano, Héctor

    Publicado por Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2024

    ISBN 10: 841381703XISBN 13: 9788413817033

    Librería: AG Library, Malaga, España

    Valoración del vendedor: Valoración 4 estrellas, Learn more about seller ratings

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    Condición: New. Idioma/Language: Español. El presente estudio aspira a construir una teoría dogmática del dominio público como parte del orden constitucional económico. El Derecho económico se ha concebido, en su época de mayor intervención, fundamentalmente como el instrumento del Estado en su tarea de defensor y conformador de la economía, en tanto que titular legítimo del poder político. Este paradigma intervencionista, sin embargo, sufre un decisivo golpe a partir del último tercio del siglo xx, fruto de una reflexión sobre la propiedad constitucional, que debe ser entendida como un derecho fundamental genuino, con su contenido esencial correspondiente y con una vertiente institucional que vertebra todo el ordenamiento. La tesis del presente estudio es que la teoría del dominio público debe ser entendida como una limitación del derecho de propiedad constitucional. Así, los límites negativos del derecho de propiedad constitucional, tanto los proporcionados y no indemnizables como los justificados por su utilidad pública y sometidos a indemnización, son a su vez los límites positivos de la intervención del poder público. Ambas vertientes empastan así como dos mitades de una manzana. Sólo deberá excluirse el dominio privado de un bien o categoría de bienes mediante el régimen demanial, cuando existan razones de índole económica que justifiquen su uso común o su explotación concesional. Aquí aparece como central el concepto, que hemos manejado en el trabajo, de bienes de tránsito. La idea central del estudio es, por tanto, que la comprensión de todos los bienes, también los bienes públicos, como objetos de tráfico jurídico y económico sirve al mejor funcionamiento de la economía. Los bienes públicos no son ya tanto bienes afectos a fines públicos que haya que proteger, como bienes del orden constitucional económico cuya función en el tráfico verdaderamente justifica su carácter público y su tipo de uso. Así pues, la discusión entre modelos funcionalistas o patrimonialistas no es, creemos, tan relevante ya, como la idea de que el poder público que se ejercita sobre esos bienes debe estar justificado y debidamente sometido a control en virtud de la función que los bienes vinculados cumplen en la economía general. *** Nota: Los envíos a España peninsular, Baleares y Canarias se realizan a través de mensajería urgente. No aceptamos pedidos con destino a Ceuta y Melilla.

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    Condición: Nuevo. En la presente obra construimos una propuesta para abordar los problemas que surgen del estudio del Derecho Global y las normas supranacionales. Adoptando una vía de análisis jurídico-pública (y, en particular, jurídico-administrativa) defendemos la normatividad plena de las normas supranacionales del Derecho Global.Para lograr este objetivo, en primer lugar, formamos dos conceptos en torno a los cuales pivotará el conjunto del estudio: el concepto de Derecho Global y el concepto de ciudadano corporativo, que sería el sujeto privado que ejercita de facto las funciones de relevancia jurídico-pública. Pero el verdadero objeto de estudio del presente trabajo es el concepto y tipos de norma supranacional.La teoría normativa aspira a demostrar que las normas supranacionales del Derecho Global son normas jurídicas genuinas y que puede, incluso, ser aplicadas por el juez nacional, siguiendo un determinado procedimiento en tres fases, que denominamos procedimiento de legitimación.

  • Condición: Nuevo. La consolidación del mercado único requiere un incremento de la actividad económica y de los intercambios que, necesariamente, exige la plena efectividad de las libertades económicas garantizadas por los Tratados comunitarios. La primera parte de esta monografía estará destinada a analizar la trascendencia de las relaciones transnacionales que habilitan a los ciudadanos y empresas comunitarias para ejercer las libertades que reconocen los Tratados, no sólo en su país de origen, sino también en cualquier otro de la UE. El favorecimiento de las libertades comunitarias provoca, paradójicamente, auténticas limitaciones en la defensa de esos mismos derechos cuando surge una controversia transnacional. La naturaleza de esas controversias choca con un sistema europeo de justicia dividido por jurisdicciones nacionales. La segunda parte de este libro está dedicada a los problemas que genera la disfunción, no sólo jurídica, sino también socioeconómica, entre el reconocimiento de derechos transnacionales, combinados con jurisdicciones nacionales que limitan su control y la tutela consecuente, confinadas todavía por las fronteras de cada Estado. La trascendencia de los problemas que se analizan requiere plantear soluciones que hasta el momento no han tenido especial trascendencia práctica. En la última parte del libro se pondrán sobre la mesa distintas vías de solución.